Entre el 13 y el 17 de enero, el Centro de Excelencia del SMI en Chile, junto con la Embajada de Australia y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica fueron anfitriones de una semana de actividades con la experta Pam Bourse llamada “Oportunidades para Profundizar el Diálogo”. Las actividades incluyeron talleres, reunions y entrenamientos con un número de organizaciones públicas y privadas y ONGs quienes buscan mejorar su relacionamiento y diálogo con miembros de la comunidad y organizaciones en Chile en un momento de crisis.

La crisis social y política que vive Chile, y que se desencadena fuertemente a partir del 18 de octubre de 2019, ha reactivado la relevancia y necesidad del diálogo. El diálogo juega un rol fundamental, por ejemplo, entre grupos sociales que quieren expresar sus demandas o proponer sus ideas en vistas de un cambio constitucional, o entre diversos sectores políticos que intentan alcanzar acuerdos que beneficien a los y las ciudadanas. El “diálogo” vuelve a resonar como una de las principales herramientas para abordar conflictos sociales.

Uno de los aspectos claves a trabajar al momento de diseñar espacios de diálogo exitosos, es la desconfianza que aún existe hoy en día por parte de aquellas comunidades que están siendo más afectadas por las mineras. Hacernos cargo de esta realidad es imprescindible si queremos avanzar hacia la construcción de faenas mineras realmente sustentables. En 2002, nueve de las empresas mineras más grandes del mundo encargaron el informe Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development[i]. El informe reveló a una industria con la capacidad de generar beneficios económicos a nivel nacional y local, los resultados sobre muchos de los impactos sociales locales no fueron favorables. La alta desconfianza de las partes interesadas y las amenazas constantes por diversos grupos de oposición, la inequidad y creciente brecha de desigualdad entre los recipientes de beneficios, fueron aspectos graves que la industria debió atender de manera estructural.

Conceptos como participación ciudadana, licencias sociales para operar, y desarrollo comunitario lograron rápidamente renombre entre los departamentos de relaciones comunitarias de las mineras. Estos términos fueron adoptados por ambos las prácticas de relacionamiento comunitario en los territorios impactados, y en los informes anuales de sostenibilidad. Hodge (2014) notó una paradoja. A pesar de una incorporación de los conceptos por la industria, había poca evidencia de una reducción de conflictos entre comunidades y empresas, y si había un aumento en la resistencia local a las operaciones mineras. Las comunidades ya no estaban dispuestas a aceptar sin cuestionamientos aquellas medidas impuestas por la industria o el gobierno que restringen o limitan la oportunidad de decidir libremente sobre el desarrollo de su futuro.

En la búsqueda por reducir tensiones, el desafío es cómo alcanzar un consenso mutuo entre el sector minero y las comunidades. Los esfuerzos unilaterales y cortoplacistas por construir relaciones comunitarias no harán más que dañar las relaciones de confianza entre las partes. Según Hodge, las diferencias en muchos casos surgen cuando “no se han encontrado puntos en común establecido entre los diferentes valores que posee una comunidad, la mina adyacente, el pueblo indígena impactado o un gobierno nacional” (Hodge, 2014, p30)[ii]. La falta de parte las empresas mineras de adecuadamente abordar estos valores diferentes en la búsqueda de mejorar el desempeño social deja los conceptos utilizados en riesgo de volverse un marcador vacío, impreciso y abierto a la interpretación de la industria.

Un punto de inflexión en este tema es el uso que le ha dado la industria minera al concepto “licencia social para operar”. Estructura ampliamente utilizada por la industria, es un concepto que se encuentra cada vez más criticada hoy en día por la academia. Esta “licencia”, usualmente utilizada para validad los indicadores predefinidos por los propios estándares y programas de entrega de servicios de la industria, está lejos de reflejar la urgencia de una participación comunitaria respetada y debidamente escuchada. Si bien se entiende como una metáfora, la licencia social en sí misma es una indicación de cómo las empresas eligen, o no, cumplir con las expectativas de las partes interesadas.

Aquellos directamente impactados por las faenas mineras, no piensan en la licencia social. Sus preocupaciones se asocian al bienestar, supervivencia, oportunidades de trabajo, impactos en sus recursos básicos como el agua limpia y las tierras, la contaminación de el ruido, polvo y población flotante, patrimonio, y cultura, entre otros. Piensan en su calidad de vida después de la mina. Detenernos a pensar en sus preocupaciones reales, su calidad de vida antes y después de la operación, es comenzar a tomar consciencia, es comenzar a hablar de dignidad y de respeto. Aspectos claves para un proceso de “diálogo” exitoso y genuino, que sienta las bases para la construcción de relaciones a largo plazo. Este es un aspecto fundamental identificado por los investigadores John Owen y Deanna Kemp[iii] del Centro para la Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de Queensland, en la identificación de posibilidades de un desarrollo territorial realmente sustentable.

El diseño de un sistema de diálogo genuino y exitoso deberá ser un proceso exhaustivo, incluyendo todas las mejoras, adaptaciones y cambios que se requieran para realmente obtener más allá de un documento de diseño, un sistema vivo de actores, instituciones y procesos que ayuden a la creación de espacios legítimos de debate mutuo, resolución de problemas, y la identificación de posibilidades.

Si la industria minera quiere realmente generar un cambio hacia procesos de diálogo exitosos, más allá de un marco normativo externo a la empresa, la implementación de los diálogos va a implicar cambios internos importantes y conscientes. Esto implica no sólo ocuparnos de desarrollar capacidades en las comunidades para el diálogo, si no que también implica que el sector reconozca los nuevos desafíos en el relacionamiento de las partes, y realice los cambios internos que probablemente se requerirán para lograrlo.

Dentro de cualquier marco de diálogo que consensuemos como industria, los temas claves de un conflicto social no se van a presentar en términos de licencia social, sino en términos de vivir en un entorno libre de contaminantes, de mayor justicia social, de respeto, y de una participación deliberante. Es importante que las empresas se posicionen en el corazón de ese debate.

Nuestro actual escenario cambiante exige que las empresas se centren cada vez más en contribuciones positivas a largo plazo que promuevan el desarrollo de las comunidades, en lugar de enfocarse en aspectos técnicos de mitigación de impactos más fácilmente cuantificables. El enfoque transaccional fomentado desde una perspectiva de una “licencia social”, priorizando la continuidad operacional de la empresa por sobre las expectativas más amplias de los territorios impactados, limita las posibilidades de construir relaciones sustentables para estos proyectos, tanto durante la vida operacional de la mina, como después del cierre. Para tener un diálogo realmente constructivo y simétrico, la industria minera debe pensar cómo quiere agregar valor a sus comunidades, pero basándose en el diálogo abierto y honesto con ellas, en el encuentro sin condiciones, dispuestos a enfrentar los desafíos que vendrán tanto en tiempos de calma como en momentos de crisis, como el que vivimos actualmente en Chile.

 

[i] Mining, Minerals and Sustainable Development. 2002, Breaking New Ground: Mining, Minerals, and Sustainable Development: The Report of the MMSD Project, Earthscan Publications.

[ii] Hodge, RA 2014, Mining company performance and community conflict: moving beyond a seeming paradox’, Journal of Cleaner Production vol. 84 December 2014 pp 27-33.

[iii] Owen, JR & Kemp, D 2013, ‘Social licence and mining: A critical perspective’, Resources Policy, vol. 38, 1, pp 29–3.