(English below)

Entre el 13 y el 17 de enero, el Centro de Excelencia del SMI en Chile, junto con la Embajada de Australia y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica fueron anfitriones de una semana de actividades con la experta Pam Bourse llamada “Oportunidades para Profundizar el Diálogo”. Las actividades incluyeron talleres, reunions y entrenamientso con un número de organizaciones públicas y privadas y ONGs wuienes busan mejorar su relacionamiento y diálogo con miembros de la comunidad y organizaciones en Chile en un momento de crisis.

La crisis social y política que vive Chile, y que se desencadena fuertemente a partir del 18 de octubre de 2019, ha reactivado la relevancia y necesidad del diálogo. El diálogo juega un rol fundamental, por ejemplo, entre grupos sociales que quieren expresar sus demandas o proponer sus ideas en vistas de un cambio constitucional, o entre diversos sectores políticos que intentan alcanzar acuerdos que beneficien a los y las ciudadanas. El “diálogo” vuelve a resonar como una de las principales herramientas para abordar conflictos sociales.

Uno de los aspectos claves a trabajar al momento de diseñar espacios de diálogo exitosos, es la desconfianza que aún existe hoy en día por parte de aquellas comunidades que están siendo más afectadas por las mineras. Hacernos cargo de esta realidad es imprescindible si queremos avanzar hacia la construcción de faenas mineras realmente sustentables. En 2002, nueve de las empresas mineras más grandes del mundo encargaron el informe Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development[i]. El informe reveló a una industria con la capacidad de generar beneficios económicos a nivel nacional y local, los resultadossobre muchos de los impactos sociales locales no fueron favorables. La alta desconfianza de las partes interesadas y las amenazas constantes por diversos grupos de oposición, la inequidad y creciente brecha de desigualdad entre los recipientes de beneficios, fueron aspectos graves que la industria debió atender de manera estructural.

Conceptos como participación ciudadana, licencias sociales para operar, y desarrollo comunitario lograron rápidamente renombre entre los departamentos de relaciones comunitarias de las mineras. Estos términos fueron adoptados por ambos las prácticas de relacionamiento comunitario en los territorios impactados, y en los informes anuales de sostenibilidad. Hodge (2014) notó una paradoja. A pesar de una incorporación de los conceptos por la industria, había poca evidencia de una reducción de conflictos entre comunidades y empresas, y si había un aumento en la resistencia local a las operaciones mineras. Las comunidades ya no estaban dispuestas a aceptar sin cuestionamientos aquellas medidas impuestas por la industria o el gobierno que restringen o limitan la oportunidad de decidir libremente sobre el desarrollo de su futuro.

En la búsqueda por reducir tensiones, el desafio es cómo alcanzar un consenso mutuo entre el sector minero y las comunidades. Los esfuerzos unilaterales y cortoplacistas por construir relaciones comunitarias no harán más que dañar las relaciones de confianza entre las partes. Según Hodge, las diferencias en muchos casos surgen cuando “no se han encontrado puntos en común establecido entre los diferentes valores que posee una comunidad, la mina adyacente, el pueblo indígena impactado o un gobierno nacional” (Hodge, 2014, p30)[ii]. La falta de parte las empresas mineras de adecuadamente abordar estos valores diferentes en la búsqueda de mejorar el desempeño social deja los conceptos utilizados en riesgo de volverse un marcador vacío, impreciso y abierto a la interpretación de la industria.

Un punto de inflexión en este tema es el uso que le ha dado la industria minera al concepto “licencia social para operar”. Estructura ampliamente utilizada por la industria, es un concepto que se encuentra cada vez mas criticada hoy en día por la academia. Esta “licencia”, usualmente usitlizada para validad los indicadores predefinidos por los propios estándares y programas de entrega de servicios de la industria, está lejos de reflejar la urgencia de una participación comunitaria respetada y debidamente escuchada. Si bien se entiende como una metáfora, la licencia social en sí misma es una indicación de cómo las empresas eligen, o no, cumplir con las expectativas de las partes interesadas.

Aquellos directamente impactados por las faenas mineras, no piensan en la licencia social. Sus preocupaciones se asocian al bienestar, supervivencia, oportunidades de trabajo, impactos en sus recursos básicos como el agua limpia y las tierras, la contaminación de el ruido, polvo y población flotante, patrimonio, y cultura, entre otros. Piensan en su calidad de vida después de la mina. Detenernos a pensar en sus preocupaciones reales, su calidad de vida antes y después de la operación, es comenzar a tomar consciencia, es comenzar a hablar de dignidad y de respeto. Aspectos claves para un proceso de “diálogo” exitoso y genuino, que sienta las bases para la construcción de relaciones a largo plazo. Este es un aspecto fundamental identificado por los investigadores John Owen y Deanna Kemp[iii] del Centro para la Responsabilidad Social en Minería de la Universidad de Queensland, en la identificación de posibilidades de un desarrollo territorial realmente sustentable.

El diseño de un sistema de diálogo genuino y exitoso deberá ser un proceso exhaustivo, incluyendo todas las mejoras, adaptaciones y cambios que se requieran para realmente obtener más allá de un documento de diseño, un sistema vivo de actores, instituciones y procesos que ayuden a la creación de espacios legítimos de debate mutuo, resolución de problemas, y la identificacion de posibilidades.

Si la industria minera quiere realmente generar un cambio hacia procesos de diálogo exitosos, más allá de un marco normativo externo a la empresa, la implementación de los diálogos va a implicar cambios internos importantes y conscientes. Esto implica no sólo ocuparnos de desarrollar capacidades en las comunidades para el diálogo, si no que también implica que el sector reconozca los nuevos desafíos en el relacionamiento de las partes, y realice los cambios internos que probablemente se requerirán para lograrlo.

Dentro de cualquier marco de diálogo que consensuemos como industria, los temas claves de un conflicto social no se van a presentar en términos de licencia social, sino en términos de vivir en un entorno libre de contaminantes, de mayor justicia social, de respeto, y de una participación deliberante. Es importante que las empresas se posicionen en el corazón de ese debate.

Nuestro actual escenario cambiante exige que las empresas se centren cada vez más en contribuciones positivas a largo plazo que promuevan el desarrollo de las comunidades, en lugar de enfocarse en aspectos técnicos de mitigación de impactos más fácilmente cuantificables. El enfoque transaccional fomentado desde una perspectiva de una “licencia social”, priorizando la continuidad operacional de la empresa por sobre las expectativas más amplias de los territorios impactados, limita las posibilidades de construir relaciones sustentables para estos proyectos, tanto durante la vida operacional de la mina, como después del cierre. Para tener un diálogo realmente constructivo y simétrico, la industria minera debe pensar cómo quiere agregar valor a sus comunidades, pero basándose en el diálogo abierto y honesto con ellas, en el encuentro sin condiciones, dispuestos a enfrentar los desafíos que vendrán tanto en tiempos de calma como en momentos de crisis, como el que vivimos actualmente en Chile.

[i] Mining, Minerals and Sustainable Development. 2002, Breaking New Ground: Mining, Minerals, and Sustainable Development: The Report of the MMSD Project, Earthscan Publications.

[ii] Hodge, RA 2014, Mining company performance and community conflict: moving beyond a seeming paradox’, Journal of Cleaner Production vol. 84 December 2014 pp 27-33.

[iii] Owen, JR & Kemp, D 2013, ‘Social licence and mining: A critical perspective’, Resources Policy, vol. 38, 1, pp 29–3.

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Between January 13 and 17, the SMI Centre of Excellence in Chile, along with the Australian Embassy and the Centre for Public Policy from the Catholic Univ. hosted a week of activities with visiting expert Pam Bourke called “Opportunities for Deepening Dialogue” in January 2020. Activities included workshops, meetings and training events with a number of public and private sector organisations and NGOs who are seeking to enhance their engagement and dialogue with community members and organisations in Chile in a time of crisis.

The social and political crisis that Chile has been living through since October 18, 2019, has renewed the relevance and the need for dialogue. Dialogue plays a fundamental role, for example, among social groups who want to express their demands or propose their ideas in light of a constitutional change, or among diverse political sectors trying to reach agreements of benefit to a nation’s citizens. “Dialogue” once again resonates as one of the primary skills to address social conflicts.

One of the key aspects to work on when designing the spaces necessary for successful dialogue is to acknowledge that distrust still exists amongst those communities that are most affected by the activities of mining companies. Dealing with this reality is essential if we want to move towards truly sustainable mining operations. In 2002, nine of the world’s largest mining companies commissioned the report Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development[i]. While the report demonstrated an industry with the capacity for bringing economic benefits at the national and local levels, findings regarding many of the localised, negative social impacts were not favourable. High levels of distrust among the interested parties and the constant threats by various opposition groups, inequality of impacts and the growing gap between the recipients of benefits, were serious aspects that the industry had to address in a structural way.

Concepts such as citizen participation, social license to operate, and community development quickly achieved popularity within the community relations functions of mining companies. These terms were mobilised both in industry community engagement practices in impacted territories, and within company end-of-year sustainability reporting. Hodge (2014) noted a paradox here. Despite increasing industry uptake of these concepts, there was little evidence of a reduction in conflict between communities and companies, and increasingly greater local resistance to mining operations. Communities were no longer willing to accept without question the measures imposed by industry or government that restricted or limited opportunities to freely decide on the development of their territories, of their futures.

In addressing mistrust and tensions within impacted territories, the challenge becomes how to reach a mutual consensus between the mining sector and local communities. Unilateral and short-term efforts to build community relations will only damage the relationships of trust between parties. According to Hodge, differences in many cases arise when “common ground has not been established between the different values held by a community, an adjacent mine, a host indigenous population, or a national government” (Hodge, 2014, p30)[ii]. Failure by mining companies to adequately address these different values when seeking to improve their social performance leaves the concepts they use at risk of becoming empty signifiers, imprecise and open to the industry´’s interpretation.

One turning point in this issue has been an examination of the meaning and use that the mining industry has given to the concept “social license to operate”. An idea widely used by industry, social license to operate is an approach that is today increasingly criticized by academia. A “license”, often mobilised to validate the predefined indicators of the industry’s own standards and programs of service delivery to impacted communities, falls short of reflecting the urgency for community participation processes that are respected and heeded by companies. While it is understood as a metaphor, social license itself is an indication of how companies choose, or not, to understand and meet the expectations of impacted parties.

Those directly impacted by mining operations do not think about social licence. Their concerns are linked to wellbeing, survival, job opportunities, impacts to basic resources such as clean water and land, noise and dust pollution, in-migration, protection of heritage sites, loss of culture, among others. They think about their quality of life after the mine. To stop and think about their real concerns, quality of life before and after the operation, is to begin to become aware and to begin to talk about dignity and respect. These are key aspects for a successful and genuine dialogue process, establishing the foundations for the construction of long-term relationships. This is a fundamental aspect identified previously by researchers John Owen and Deanna Kemp[iii] from The University of Queensland’s Centre for Social Responsibility in Mining, in the detection of possibilities for territorial development that is truly sustainable.

The design of a genuine and successful dialogue system should be a thorough process, which includes all the improvements, adaptations and changes required to really obtain, beyond a design document, a live system of stakeholders, institutions and processes that aids in the creation of legitimate mutual debate spaces, problem resolution, and the detection of possibilities.

If the mining industry really would like to make changes toward successful dialogue processes, beyond policy frameworks external to companies, the implementation of dialogue will imply important and conscientious internal changes. This means that we not only need to take on the development of community capacities for dialogue, but also the sector must acknowledge the new challenges in the relationships with stakeholders, and to make internal changes that will probably be required for this to be achieved.

Within any dialogue framework that is agreed upon as an industry, the key issues of any social conflict will not be made visible in terms of social license, but in terms of living in an environment free of contaminants, of greater social justice, respect, and deliberate participation. It is important that companies position themselves at the heart of this debate.

Our current changing scenario demands that companies focus on positive contributions in the long-term, that promote the post-closure development of communities over the more technical, and more easily quantifiable, actions for impact mitigation. This more transactional approach promoted by the industry’s interpretation of the concept of “social license” prioritizes operational continuity for the company over broader and more complex expectations that arise from impacted territories. This approach limits the possibilities of building sustainable relationships for these projects, during the operational life of the mine, and beyond. To have a truly constructive and symmetrical dialogue, the mining industry must think about how it wants to add value to its communities, based on an open and honest dialogue with them, to meet without conditions, open to the challenges that will come both during times of calm and in times of crisis, such as those we are currently living in Chile.

[i] Mining, Minerals and Sustainable Development. 2002, Breaking New Ground: Mining, Minerals, and Sustainable Development: The Report of the MMSD Project, Earthscan Publications.

[ii] Hodge, RA 2014, Mining company performance and community conflict: moving beyond a seeming paradox’, Journal of Cleaner Production vol. 84 December 2014 pp 27-33.

[iii] Owen, JR & Kemp, D 2013, ‘Social licence and mining: A critical perspective’, Resources Policy, vol. 38, 1, pp 29–3.