Por Nigel Wight y Francisca Rivero, investigadores sociales en SMI-ICE-Chile

El cierre de minas es parte del ciclo natural del proceso minero. Las operaciones mineras son temporales y, una vez que sus actividades dejan de ser factibles por razones estructurales, económicas o políticas, la operación debe cerrar. En una empresa minera existen múltiples incertidumbres internas, vinculadas a procesos de desmantelamiento de infraestructura, medidas de mitigación de impactos ambientales y variables externas que definen cómo se planifica, financia y se despliega el cierre.

Actualmente en Chile, y en gran parte del mundo, las leyes que regulan y orientan sobre el desempeño social durante el cierre minero son escasas y limitadas. Las empresas mineras dependen en gran medida de sus propios estándares y funciones de desempeño social para identificar y mitigar los riesgos sociales relacionados con el cierre de sus operaciones.

Debemos considerar que la base de conocimientos, capacidades y recursos disponibles durante la vida en operación de una mina, no son adecuados para las fases de cierre y post-cierre. El cierre presenta desafíos únicos en términos de impactos y riesgos sociales, y requiere de conocimiento, capacidades y recursos especializados para llevar a cabo exitosamente un proceso tan profundo como lo es el cierre. Entre tanta complejidad, la academia ha empezado a ser parte de la generación de conocimientos, desvinculada del ciclo minero, y con recursos que permiten aprender de las experiencias de los cierres, y promover cambios en como las empresas mineras se organizan para un cierre.

Los desafíos sociales en el marco de la ley de cierre de faenas mineras

El cierre de operaciones mineras implica llevar a cabo un proceso de alta complejidad, no exento de desafíos por abordar. En Chile, en el año 2012 entró en vigencia la ley numero 20.551 que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Las experiencias internacionales sobre cierres mineros fueron los marcos referenciales para la legislación chilena, además de las prácticas en materia de cierre por las principales mineras extranjeras en Chile. El objetivo es la planificación e implementación de acciones “de forma progresiva, durante las diversas etapas de la operación de la faena minera, por toda la vida útil”. La ley obliga a las empresas a realizar un plan de cierre de manera temprana, que debe ser aprobado por Sernageomin, el cual permita identificar y mitigar los impactos ambientales que quedan como legado en el territorio.

Sin embargo, la regulación chilena aún no se ha hecho cargo de orientar a la industria sobre las exigencias de los aspectos sociales de un cierre de minas. Este aspecto del cierre queda invisibilizado frente al desafío de lograr la estabilidad física-química del sitio. No es suficiente sólo informar y difundir el plan de cierre entre las comunidades impactadas, si bien es el primer paso, un buen plan de comunicaciones no garantiza una transición dirigida a generar un bienestar sostenible para dichas comunidades. En este sentido, Chile está a la par con otros contextos mineros. Un estudio realizado por Kung et al (2020) del Centre for Social Responsibility in Mining, identifica que la gran mayoría de contextos mineros, entre ellos jurisdicciones de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Perú, no exigen evaluaciones de impactos sociales por un cierre.

En Chile existen pocas empresas mineras que han cerrado faenas. Sin embargo, toda operación actualmente activa, además de los proyectos en desarrollo, deben contar con un plan de cierre aprobado. Pocas empresas han elaborado estándares propios para abordar explícitamente los desafíos sociales que se generan durante el cierre: la transición social, los nuevos usos de tierras, y los impactos sociales relacionados con los impactos ambientales. Debido a que la normativa actual no aborda el impacto social del cierre en las comunidades, limita el despliegue de mecanismos de parte de las empresas para mitigar los nuevos riesgos asociados al cierre de minas. Existe entonces la oportunidad de enriquecer y mejorar este instrumento normativo para que responda, de manera pertinente y puntual, a los desafíos del cierre desde una perspectiva social.

El rol del Estado es crucial

Por lo general el Estado no ha participado activamente en el desarrollo de un territorio con operaciones mineras. Su actuar se mantiene circunscrito a las acciones que las municipalidades y gobiernos regionales llevan a cabo, pero con las restricciones de recursos públicos que estas entidades administran. Las inversiones públicas en territorios mineros, desde las respectivas agencias gubernamentales, no siempre se complementan con la inversión privada y en ocasiones se aprecia la ausencia del Estado en estas zonas donde finalmente es la minería la que opta por financiar servicios básicos para garantizar un mínimo bienestar en las comunidades.

En el momento de cerrar una faena es cuando, más allá de las regulaciones vinculadas a este proceso, la presencia del Estado se hace relevante. En primer término para resguardar el cumplimiento de la ley, pero además para volver a ocupar ese vacío que ha dejado en el territorio y apoyar de manera colaborativa el proceso de transición social que vivirán las comunidades hacia un escenario post-minería.

El contexto social y político de nuestro país exige cada vez más abordar los requerimientos de actores sociales clave en los territorios de manera oportuna y responsable. El Estado, en conjunto con la industria y las comunidades deben generar las conversaciones y acuerdos necesarios para diseñar escenarios del futuro de la transición minera que promuevan el desarrollo territorial y apuesten por un legado sostenible basado en el bienestar de las comunidades.

El rol de la academia

La academia australiana, canadiense y europea se distingue por la longevidad y envergadura de su investigación y experiencia en materia de cierre de faenas mineras. La academia, a través de evidencia basada en experiencia, puede influir positivamente en una distribución más justa de los riesgos y beneficios relacionados con el proceso de cierre de minas. Creemos que nuestra visión y aprendizajes desde la academia y la investigación aplicada, examinando los procesos y las bases de conocimiento de la industria, nos permitirían avanzar sostenidamente e incidir en la agenda pública para proponer ajustes normativos y enriquecer los procesos de planificación de cierre de faenas mineras, desde un enfoque social.

El Sustainable Minerals Institute (SMI) de The University of Queensland ha realizado extensa investigación sobre los aspectos sociales del cierre de minas, y actualmente cuenta con The Social Aspects of Mine Closure Research Consortium, una colaboración establecida en 2019 entre academia e industria para realizar investigación que desafíe las normas y prácticas aceptadas por la industria, y establezca nuestros estándares sobre el cierre de minas centrados en las personas.

Referencia:

· Kung, A., Everingham, J., and Vivoda, V. (2020) ‘Social aspects of mine closure: governance & regulation’. Centre for Social Responsibility in Mining. The University of Queensland: Brisbane. Ver AQUÍ.

· Crédito imagen: Codelco, División El Salvador, 25 de septiembre 2019.

Para más información, contactar a Nigel Wight y Francisca Rivero.